Me desayunaba esta mañana con la lectura atenta del Proyecto Educativo de mi centro público de enseñanza, pues soy profesor titular de enseñanza secundaria (formación profesional), cuando para mi gozo acerté a leer dentro de las finalidades educativas generales, como aplicación de algo que en general se establece en la legislación educativa, que "el alumnado adquirirá actitudes de antidogmatismo en todas las etapas ediucativas".
En ese mismo momento recordaba una noticia aparecida hace poco en una publicación de un observatorio de laicidad en España, en la que se explicaba que decenas de miles de adoctrinadores católicos o catequistas, conocidos en nuestros centros como profesores de religión, volverán este curso a poblar nuestras escuelas públicas con los mismos requisitos:
1. Nombramiento por los obispados de sus diócesis según criterios de idoneidad propios, o sea, a dedo y sin intervención de la administración pública.
2. Salario mensual pagado por la administración pública, lo que significa con el dinero de todos los contribuyentes a las arcas del Estado.
Llegaba entonces a una reiterada conclusión: esto es un disparate contradictorio de alto calibre, que por repetido no deja de ser un insulto a la inteligencia individual, al común de la sociedad y a la propia Constitución Española que marca la aconfesionalidad del Estado. Se ordena educar en el antidogmatismo (principio de laicidad en cualquier ámbito instructivo) y se permite y sostiene con fondos públicos el dogmatismo de las confesiones religiosas. ¿Alguien lo entiende?
Sé que algunos interpretan eso de que los padres tiene derecho a elegir qué tipo de educación desean que reciban sus hijos con el que se imparta a cargo del erario público doctrina religiosa en la escuela pública para quien lo solicite. Sin obstar un ápice a lo anterior para no extenderme, he de decir que tal indicación con rango de ley fundamental no ha de traducirse necesariamente en la presencia de adoctrinamiento religioso en la escuela pública. Ese mandato constitucional a la libertad para los padres de educar según su conciencia, cuestión que no pude así vulnerarse, puede y debe desarrollarse en el ámbito familiar y de la propia comunidad o institución religiosa de pertenencia de los padres. Porque eso conllevaría que el sostenimiento y los recursos aplicados son cosa de esas familias y esas comunidades o instituciones, mientras que no se obliga a subvencionar o pagar tales asuntos privados al común de la ciudadanía, cosa que al trasladarlo a los centros sostenidos con fondos públicos y mediante adoctrinadores con salario estatal, sí sucede.
Finalmente deseo hacer otra consideración sobre un frecuente error de concepto. Dicen algunos o muchos, que el laicismo significa que el Estado respeta y protege el ejercico de la religión. Falso. En un Estado Laico se respeta que se ejerza cualquier libertad de carácter religioso, salvaguardando que no genere interferencias en los asuntos comunes de la sociedad civil sustentados en las leyes de todos, o sea, democráticas y constitucionales. De tal forma que respetando eso, un verdadero Estado laico se define como aquél que permite pero "ignora" cualquier religión: ni la sostiene, ni coopera, ni la subvenciona, ni le aporta salario alguno... así de claro.
Bien, dejo aquí estas puntadas sin hilo sobre tal disparate nacional, ese esperpento que no cesa en que la supuesta aconfesionalidad es masacrada de mil maneras por la connivencia con la confesión católica, una y otra vez, sin la menor de las vergüenzas y, esto ya duele más, la aquiescencia pasiva de tanto supuesto "indiferente" que, eso sí, arremeterá contra toda subvención a sindicatos, ONGs...
Repito, ¿alguien lo entiende?
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada